El objetivo del estudio es proteger los derechos e intereses de los ciudadanos no comunitarios en relación con su posición en el territorio nacional, utilizando el poder judicial ordinario en el caso de la protección del derecho a la unidad familiar y el estatuto de refugiado, el poder judicial administrativo para salvaguardar el el derecho a permanecer en el pais y al pm para apelar contra las órdenes de expulsión y detención.
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Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.
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El tráfico de drogas es un delito penal muy grave en España, y aquellos que se ven involucrados en este tipo de actividades se enfrentan a duras consecuencias legales.
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two de la Constitución Española, donde se establece que: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.
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